Nuestra Constitución facilita a la sociedad española suficientes instrumentos de defensa para neutralizar el principio acusatorio en el que se basa el procedimiento penal. Afortunadamente, todos tenemos acceso a la defensa y a la celebración de un juicio con todas las garantías. Para ello, se ha de contar con profesionales que faciliten a la ciudadanía todos los mecanismos para conseguir que se celebre un juicio justo. Se hace necesario, por tanto, contar con jueces y juezas profesionales e independientes sometidos al imperio de la Ley.
Por ello, el ICPM y su Junta de Gobierno declaran su más absoluto apoyo a los jueces/as y magistrados/as que, diariamente y con pleno sometimiento a la Constitución y al ordenamiento jurídico, toman sus decisiones desde la más absoluta imparcialidad e independencia. Sin ellos, el Estado de Derecho no sería posible.


