Fuente: CIRCULAR Nº 92/15
La Ley 34/2006 de 30 de Octubre de Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales estableció la necesidad de que los profesionales del Derecho acreditemos la capacitación suficiente más allá de la obtención de una titulación universitaria. Esta Ley vino a establecer la necesidad de un máster de acceso para ejercer la labor de colaboración con la Administración de Justicia en la mejor de las condiciones y persigue la formación práctica de los profesionales, estableciendo como clave la colaboración de sus Colegios con las Universidades, para la realización de un período de prácticas externas.
Por ello, el I. Colegio de Procuradores de Madrid en virtud del Convenio de colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, ofrece el Máster de Acceso a la profesión de Procurador de los Tribunales.
- Requisitos para acceder al Máster: Tener el título de Licenciado o Grado en Derecho.
- Contacto: A través del teléfono del departamento de Máster Oficial de la URJC 91.488.85.08, y del siguiente enlace:
En esta edición, la sección Tribuna de Pascual Sala, presidente emérito del Tribunal Constitucional, informamos de la fiesta de la procura que tuvo lugar el pasado 25 de junio, recordamos la figura de José Luis Granizo, Procurador y Vocal del CGPJ, analizamos la mediación internacional a través de la entrevista a Kevin Brown, repasamos la actualidad cultural y editorial, así como la intensa actividad institucional de los últimos meses, entre otros asuntos.
Los ejemplares de la misma en papel se repartirán a todos los Colegiados, en los casilleros de los Salones de Notificaciones de Madrid y Delegaciones.
La versión digital está disponible en el siguiente enlace:
El Decano del ICPM y el Presidente del CGPE han recibido al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira Morante, con motivo de la entrega de la Memoria Anual 2014 en la sede de los procuradores.
La reunión se ha desarrollado dentro de la ya larga y fructífera relación de colaboración y lealtad que mantienen las dos instituciones con el TSJM y su Presidente, reconocida además con la concesión el pasado año de la Medalla de Honor de Oro del ICPM, a Francisco Javier Vieira, por su destacada trayectoria profesional así como por la constante atención prestada a la procura madrileña.
En cuanto a los datos de la Memoria, la misma recoge entre otros muchos, los casos que han recibido los juzgados de la región y que han crecido un 0,7% durante 2014, lo que supone que se ha roto la tendencia a la baja de los últimos años. Eso no ha supuesto que haya más procedimientos pendientes de sentencia, al contrario, los jueces y magistrados han resuelto mayor número de casos, por lo que han descendido los expedientes sin resolver. Al finalizar el periodo quedaron de resolver en los juzgados 354.327 expedientes, frente a los 385.022 del mismo periodo del año anterior. Esto representa un bajada del 7,8%.
Madrid es la tercera región, tras Andalucía y Cataluña, en casos sin resolver. Eso sí, supera a Cataluña por número de casos ingresados. Por cada juez ingresaron 1.949 casos, una cifra muy por encima de los 1.703 de la media nacional.
Otros temas recogidos también en la reunión han sido la dispersión de las sedes judiciales y la Ciudad de la Justicia, proyecto que de momento está paralizado.
Fuente: Gabinete de Comunicación de la AEPD
El Decano, Gabriel Mª de Diego, siguiendo con la agenda institucional de la Junta de Gobierno del Colegio, asistió el día de ayer al acto de toma de posesión de la nueva directora de la AEPD, Dª Mar España Martí, hasta el momento vocal del Consejo Consultivo de la AEPD, y que ejercerá su mandato durante los próximos cuatro años.
Licenciada en Derecho por ICADE, es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado en la especialidad jurídica desde 1989. Sus más recientes cargos desempeñados han sido como asesora en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y viceconsejera de Presidencia y Administraciones Públicas en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, puesto este último donde ha ejercido, entre otras funciones, la secretaría adjunta del Consejo de Gobierno, la presidencia de la Comisión de Administración Electrónica y Simplificación de Trámites Administrativos -donde está adscrito el Comité de Seguridad de la Información-, y ha sido responsable del impulso de los temas de calidad y transparencia.
En la imagen, el ministro de Justicia, Rafael Catalá; la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez Cortés; el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín; el subsecretario de Interior, Luis Aguilera; Mar España, la nueva directora de la AEPD; y José Luis Rodríguez Álvarez, exdirector de la misma.
Fuente: CINCO DÍAS, Vida Jurídica
El primero de enero de 2016, y por fuerza de ley -como reitera el ministro de Justicia- la justicia española entrará de lleno en el mundo en la comunicación digital, tal y como se recoge en el proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados se prevé para los primeros días de septiembre. Todo ello en el complicado marco del cumplimiento de plazos y de viabilidad en este contexto de austeridad presupuestaria.
El Ministerio de Justicia ha avanzado medidas, como la constitución el pasado 13 de mayo, de la comisión "Justicia Digital: papel cero", en la que participa entre otros, el Consejo General de Procuradores de España y las comunidades autónomas representadas en el CTEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica). También, el departamento que dirige Catalá ha elaborado un proyecto de real decreto de comunicaciones telemáticas, que ya ha recibido el informe favorable del CGPJ y de las comunidades autónomas y que será aprobado a finales de septiembre.
El proceso de inmersión digital de la justicia se complementa con otras medidas, como por ejemplo el sistema Lexnet, plataforma en cuyo desarrollo y promoción ha sido especialmente relevante hasta la fecha, el papel de los procuradores. Su desarrollo en el ámbito penal empezará a funcionar a partir del último trimestre del año. Esta aplicación ha superado ya los 100 millones de comunicaciones y cuenta con más de 45.000 usuarios, según fuentes del Ministerio de Justicia, contando ya, además de los procuradores, con la abogacía y los graduados sociales.
En cuanto a las opiniones de los operadores jurídicos, Juan Carlos Estévez, presidente del CGPE, afirma que al colectivo de procuradores no le da "ningún miedo" ni las tecnologías ni los plazos, ya que es un objetivo del que está "convencido" y cree que la presentación telemática de demandas o escritos estará el 1 de enero "al 90%". Aún así reconoce que la relación entre los diferentes sistemas informáticos de las comunidades autónomas con competencias "puede hacer algunas cosas más complejas", pero lo importante es "implantar las tecnologías de una vez por todas en la justicia".
La relación de los ciudadanos con este servicio público y el próximo avance tecnológico de la justicia, tendrá sus efectos. Entre las novedades estarán la Sede judicial electrónica (acceso de los ciudadanos a sus expedientes judiciales, debe estar en funcionamiento antes de 6 meses en el territorio con competencias estatales); Justicia móvil (uso de SMS como sistema de aviso de la celebración o suspensión de un juicio, para finales de año); Inscripción de nacimientos y defunciones (que se realizarán desde los mismos hospitales a partir de octubre) o, Requisitorias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (que se realizarán mediante correo electrónico antes de acabar el año), entre otras.