En la mesa estuvo acompañada por Adrián Gómez Linacero, presidente de PROLAJ Madrid; Alex Munne, presidente de ANEES; y del secretario del Consejo General de Procuradores de España, Alberto García Barrenechea.
El congreso reunió a profesionales del derecho para analizar desafíos en la fase ejecutiva de los procedimientos judiciales. La decana abogó por una ejecución más ágil y eficiente, inspirada en modelos europeos como el comisario de justicia francés, que realiza constataciones materiales objetivas (lo que se ve, oye y toca).
Defendió la especialización mediante unidades de ejecución (Ley 1/2025) y Comisiones Mixtas entre letrados de la Administración de Justicia y procuradores para resolver problemas operativos.
Abordó, también, el impacto económico: procesos más largos generan mayores honorarios y costos para administraciones, proponiendo sustitución limitada de procuradores (avalada por el Tribunal Supremo) para ahorrar recursos sin menoscabar la representación. Insistió en la supervisión y control profesional para garantizar la agilidad.
Defendió asimismo a los procuradores como agentes clave en constataciones materiales y comunicaciones, manteniendo su rol histórico en el impulso procesal pese a reformas. Citó experiencias piloto en unidades de ejecución colaborativas (letrados-procuradores) como pasos hacia un servicio público de justicia más eficaz. "Queremos avanzar en materia de ejecución", concluyó, enfatizando la experiencia diaria en juzgados.
Su visión alineó, en definitiva, las importantes funciones de la Procura en el sistema judicial con la Ley 1/2025 y la nueva organización judicial, promoviendo la colaboración interprofesional para cerrar procedimientos más rápido.
Entre los presentes, y acompañando también a la decana, los miembros de Junta de Gobierno, Javier Zabala, Natalia Martín de Vidales, Gloria Leal, Mónica Pucci, Rafael Júlvez, Raquel Olivares, Gema Revuelta y Luis de Argüelles.


