Algunas de sus conclusiones indican que en 2022, con la finalización de la etapa de excepcionalidad iniciada por el Real Decreto Ley 8/2020 para hacer frente al impacto del COVID-19, se recuperó el deber de solicitar el concurso por el deudor insolvente y volvieron a admitirse a trámite las solicitudes de concurso necesario provocando, en consecuencia, un incremento significativo en el número de concursos de sociedades.
Esto se ha traducido en un aumento de sociedades concursadas del 27,3%, siendo por iniciativa del deudor más del 97% de los casos. Los pasivos afectados por procedimientos concursales aumentan significativamente tras su disminución en 2021 (casi un 58% respecto a 2020), superando los 10.500 millones de euros, sin embargo, el número total de trabajadores afectados aumenta en consonancia con el número de concursos, un 26,5%.
La concursada típica continúa perteneciendo al sector servicios (no inmobiliarios) e inicia el procedimiento con diez años de antigüedad. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, sólo emplea a 4 empleados y sus pasivos superan ligeramente los 250.000€ (200.000 en 2021, 300.000 en 2020).