La medida se considera idónea, dado que redundará en beneficio general, al suponer un claro incentivo en la adaptación de la Ley de Sociedades Profesionales, que se une al otro, también importante, como es el que los actos y documentos precisos estén exentos del Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales, tal y como considera la Ley 2/2007, de 15 de marzo.
Las reducciones del 30% afecta, en el caso de los notarios, a la autorización de los documentos que contengan los actos y contratos necesarios para la adaptación de estas sociedades y, en lo que se refiere a los registradores mercantiles, a la inscripción de esos mismos actos y documentos.