30/07/2007
El Ministerio de Educación y Ciencia tramita en la actualidad un proyecto de Real Decreto por el que se incorpora al ordenamiento español la directiva 2005/36/CE, cuyo objetivo es facilitar la movilidad de los profesionales en el espacio europeo a través del reconocimiento de las cualificaciones profesionales.
Así, en el anexo VIII del Proyecto, se incluye un listado de profesiones "reguladas", del que quedan fuera más de una decena de profesiones, entre ellas, administradores de fincas, biólogos, delineantes, físicos, geólogos, pedagogo, politólogos, psicólogos, sociólogos, perito mercantil, diplomados en ciencias empresariales o trabajadores sociales, sin que, por otra parte, se explique el criterio elegido para la selección -o no- de las profesiones "reguladas".
Esta situación afecta a más de 500.000 profesionales españoles y 900.000 estudiantes universitarios, que podrían ver mermadas sus salidas profesionales en función de la carrera que elijan.
La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, a la que pertenece el Colegio de Procuradores, y numerosos Colegios Profesionales ya han trasladado al Gobierno y a los grupos parlamentarios su desacuerdo con el Proyecto de Real Decreto, ya que, de salir adelante en los términos en los ha sido redactado por el Ministerio de Educación, la transposición de una directiva que pretendía favorecer a todos los profesionales europeos va a tener en España un efecto contrario.
Así, en el anexo VIII del Proyecto, se incluye un listado de profesiones "reguladas", del que quedan fuera más de una decena de profesiones, entre ellas, administradores de fincas, biólogos, delineantes, físicos, geólogos, pedagogo, politólogos, psicólogos, sociólogos, perito mercantil, diplomados en ciencias empresariales o trabajadores sociales, sin que, por otra parte, se explique el criterio elegido para la selección -o no- de las profesiones "reguladas".
Esta situación afecta a más de 500.000 profesionales españoles y 900.000 estudiantes universitarios, que podrían ver mermadas sus salidas profesionales en función de la carrera que elijan.
La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, a la que pertenece el Colegio de Procuradores, y numerosos Colegios Profesionales ya han trasladado al Gobierno y a los grupos parlamentarios su desacuerdo con el Proyecto de Real Decreto, ya que, de salir adelante en los términos en los ha sido redactado por el Ministerio de Educación, la transposición de una directiva que pretendía favorecer a todos los profesionales europeos va a tener en España un efecto contrario.
