El ministro Catalá durante su intervención señaló que disponer de una arquitectura normativa y de un servicio público de Justicia eficiente es imprescindible para la economía de un país.
Los objetivos del Congreso son abordar la ineficiencia y la lentitud del sistema de ejecución de sentencias judiciales en el ámbito civil español contemplando las repercusiones económicas y las posibles soluciones.
Durante el día de ayer jueves y hoy viernes, se han organizado distintas conferencias y mesas redondas con los siguientes ponentes: Mª Eugènia Gay, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona; Luis Rodríguez, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona; Françoise Andrieux, presidenta de la Union Internationale des Huissiers de Justice; Manuel J. Cachón, catedrático de Derecho Procesal de la UAB; Ivana Borzová, miembro de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia; Rosa Anna Castillo, directora general de Modernización de la Administración de Justicia de la Generalitat; Jordi Suriñach, catedrático de Economía Aplicada de la UB; Juan S. Mora-Sanguinetti, economista senior del Banco de España-Eurosystem; Carmen Vargas, profesora de Microeconomía en el Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid; Joan Picó, catedrático de Derecho procesal de la UPF, y Luis Ignacio Ortega, vicepresidente de la Union Internationale des Huissiers de Justice.
En representación del ICPM asisten el decano Argimiro Vázquez Guillén acompañado del tesorero Florencio Aráez Martínez, así como un numeroso grupo de compañeros procuradores que también asistirán a las distintas conferencias y mesas de debate programadas.
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