Por su parte, Juan Carlos Estévez, consideró que el proceso de modernización, digitalización y del final del papel en la Administración de Justicia es algo "irreversible", aunque tenga algunos problemas de funcionamiento. Estévez insistió en el compromiso del CGPE con la implantación de las nuevas tecnologías, "como se ha hecho hasta ahora y se seguirá haciendo, porque el avance es constante y hay que estar al día".
Por otro lado, ha considerado urgente que España cuente cuanto antes con un Gobierno estable y ha pedido al futuro Ministro de Justicia que sea "dialogante" con todos los profesionales relacionados con la Administración de Justicia. Estévez ha precisado que ese diálogo es "necesario" porque una cosa es aprobar leyes y otra contar con los que tienen que ocuparse de su aplicación. En este sentido, ha planteado también que el diálogo debería ser "una constante" con los profesionales de la propia Administración de Justicia, como jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Adm. de Justicia y el personal de la Administración en general; pero también con profesionales "del otro lado del mostrador", como procuradores, abogados, graduados sociales, notarios y registradores.
Catalá reconoce a los procuradores su apoyo a la transformación digital de la Justicia y en este sentido, el Ministro ha puesto de relieve el apoyo decidido de los procuradores a las reformas emprendidas durante la pasada legislatura por el Gobierno para reaccionar de la manera más ágil y eficaz posible a los cambios vertiginosos que exige esta nueva realidad digital.
Entre otros ejemplos de este impulso de cambio hacia una Justicia digital, abierta e innovadora, el ministro Catalá ha destacado los 45 millones de comunicaciones por vía electrónica registrados en los ocho primeros meses del año, un 517% más que en el ejercicio anterior en el caso de las demandas. También ha señalado la reducción de los tiempos dedicados a la presentación y notificación de documentos desde 60 días a 19 en juicios ordinarios, así como el ahorro en costes de desplazamientos, tiempo y papel por un importe de 327 millones de euros.
En cuanto a la mejora de la accesibilidad a la Justicia, el ministro ha resaltado dos datos que la ratifican: un aumento del 472% en los escritos enviados en día festivo y un 547% en horario de tarde y noche.