La Mesa estuvo formada por Rocío López González, Diputada del Partido Popular y Procuradora de los Tribunales no ejerciente y Gabriel Mª de Diego Quevedo, Decano del I. Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM). Estuvo coordinada por Enrique Arnaldo Alcubilla. Catedrático de Derecho Constitucional y Letrado de las Cortes Generales.
El objetivo del acto fue conocer qué se espera de los procuradores y en qué medida seguimos implicados en la apuesta por una Administración de Justicia más rápida y eficaz.
Del acto destacó el análisis que Rocío López González hizo de la reforma de la Justicia en general, como servicio público moderno, sensible a los problemas de la gente, y donde puso de relieve los 14 proyectos de Ley que han sido tramitados en los últimos 11 meses. Por otro lado, repasó las reformas legislativas claves, de intensa cantidad y alcance, que darán forma a la Justicia del futuro: LOPJ, Violencia de Género y Protección a la Infancia, Jurisdicción Voluntaria, Justicia Gratuita, Estatuto de la Víctima, LEC, LECr, Arbitraje y Mediación.
El proyecto de modernización de la Justicia recalcó también, debería sostenerse sobre tres grandes ejes: una Justicia digital, una Justicia abierta, cercana y accesible y una Justicia innovadora.
En cuanto al impacto legislativo en la procura, destacó el papel protagonista que tenemos y que debemos seguir teniendo los Procuradores, retomando la exposición de motivos del PL de reforma de la LEC: la figura del procurador ha tenido una intervención directa y activa en nuestro Ordenamiento Jurídico y en estos momentos está llamada a jugar un papel dinamizador de las relaciones entre las partes, sus Abogados y las oficinas judiciales.
Ya para finalizar y en cuanto al futuro de la procura, resaltó que se trata de una actividad que engloba a 10.500 procuradores, que sostiene un total de 50.000 puestos de trabajo, que supone una contribución al PIB total de 800 millones de euros, lo cual representa un 0,77% del PIB de España en 2012; que cuenta con unas infraestructuras creadas por los propios procuradores y compuestas por 450 oficinas de traslado de copias y salones de notificaciones ubicados en sedes judiciales de toda España y que tramitan 80 millones de notificaciones al año a "coste cero" para la Justicia.