06/07/2015
Fuente: EL PAÍS
La Ley de Jurisdicción Voluntaria se publicó el pasado viernes en el BOE, entra en vigor este mes y saca de los juzgados miles de trámites.
La jurisdicción voluntaria regula asuntos en los que no hay un conflicto directo entre dos partes, sino una necesidad del ciudadano de obtener una resolución judicial para ejercer un derecho o lograr un acuerdo. Hay unos 50.000 procedimientos de esta clase al año -de los nueve millones de asuntos que entran en los juzgados, según Justicia- y prácticamente todos ellos los resuelven, en la actualidad, los jueces.
El Gobierno calcula que aproximadamente 18.000 de esos asuntos pasarán a notarios y registradores. Los jueces y secretarios judiciales seguirán teniendo competencia exclusiva en los expedientes de materia de personas y familia, como los derechos de menores, y en determinados asuntos en materia mercantil y de derecho sucesorio
La ley delega en los 3.000 notarios y 1.000 registradores -que cobran un arancel fijado por el Gobierno- parte de los procedimientos no contenciosos que ahora se resuelven en los juzgados, como los relacionados con herencias o conflictos menores en empresas.
En el caso de bodas y divorcios, el cambio es voluntario para el ciudadano, que podrá elegir entre casarse ante un cura, un juez o alcalde o hacerlo ante notario. Una enmienda introducida por el PP en el trámite parlamentario amplía también la posibilidad de casar y divorciar a los secretarios judiciales, que podrán hacer ambos trámites de forma gratuita.
En el caso de los divorcios, los jueces solo podrán ser sustituidos cuando la separación sea de mutuo acuerdo y no haya hijos a cargo ni personas con discapacidad en el proceso.
La norma también permite a los notarios tramitar bodas, aunque eso será en 2017.
La jurisdicción voluntaria regula asuntos en los que no hay un conflicto directo entre dos partes, sino una necesidad del ciudadano de obtener una resolución judicial para ejercer un derecho o lograr un acuerdo. Hay unos 50.000 procedimientos de esta clase al año -de los nueve millones de asuntos que entran en los juzgados, según Justicia- y prácticamente todos ellos los resuelven, en la actualidad, los jueces.
El Gobierno calcula que aproximadamente 18.000 de esos asuntos pasarán a notarios y registradores. Los jueces y secretarios judiciales seguirán teniendo competencia exclusiva en los expedientes de materia de personas y familia, como los derechos de menores, y en determinados asuntos en materia mercantil y de derecho sucesorio
La ley delega en los 3.000 notarios y 1.000 registradores -que cobran un arancel fijado por el Gobierno- parte de los procedimientos no contenciosos que ahora se resuelven en los juzgados, como los relacionados con herencias o conflictos menores en empresas.
En el caso de bodas y divorcios, el cambio es voluntario para el ciudadano, que podrá elegir entre casarse ante un cura, un juez o alcalde o hacerlo ante notario. Una enmienda introducida por el PP en el trámite parlamentario amplía también la posibilidad de casar y divorciar a los secretarios judiciales, que podrán hacer ambos trámites de forma gratuita.
En el caso de los divorcios, los jueces solo podrán ser sustituidos cuando la separación sea de mutuo acuerdo y no haya hijos a cargo ni personas con discapacidad en el proceso.
La norma también permite a los notarios tramitar bodas, aunque eso será en 2017.
