Hoy se cumple el año en funciones del actual CGPJ cuyo mandato venció el pasado 7 de noviembre de 2006, a cinco años de la toma de posesión de sus cargos de los actuales Vocales y la elección de su Presidente, Francisco José Hernando. Se trata de una situación inédita y, de momento, sin visos de solución ante la falta de consenso para su renovación por parte de los dos partidos políticos mayoritarios. La opinión de muchos expertos es que esta situación se prolongará hasta después de la celebración de las elecciones generales previstas para marzo de 2008, toda vez que supuestamente en enero se disuelven las Cortes Generales, por tal motivo sin que se prevea intencionalidad firme en los partidos para resolver esta trascendental cuestión antes de esa fecha.
El próximo 14 de diciembre, el Colegio de Abogados de Madrid, celebrará elecciones destinadas a elegir su Junta de Gobierno en pleno, incluido el cargo de Decano. A dichas elecciones no se presentará el actual Decano, Luis Martí Mingarro, quien ha desepeñado el cargo durante los últimos 15 años. De las 6 candidaturas concurrentes, hoy se hará oficial la proclamación de aquellas que resulten válidas y con ello se dará paso a la campaña electoral, que culminará con la celebración de los comicios el 14 de diciembre.
Como novedad destacada de estas elecciones y a tenor de lo fijado en los Estatutos Colegiales, que se votaron en 2006, se renovará toda la Junta de Gobierno, frente al modelo anterior que suponía la renovación parcial de la misma en elecciones alternativas y celebradas cada 2 años.
Desde el pasado mes de agosto, las obras del Palacio de Justicia de Navalcarnero se hallan paralizadas como consecuencia de que la empresa adjudicataria se encuentra en proceso de quiebra y suspensión de pagos, además de encausada por delitos de corrupción. El edificio, presupuestado en 5, 3 millones de euros se encuentra, actualmente, a medio construir. Para los responsables de Justicia, en el momento de la licitación, esta empresa presentó en presupuesto más económico y cumplía todos los requisitos legales y desde el momento en que tuvo notificación de la situación de la empresa, el Gobierno Regional, abrió un expediente para la rescisión del contrato, el cual ya se encuentra en un estado muy avanzado de resolución.
Recientemente se han celebrado las Jornadas de Jueces Decanos de España, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y coordinadas por José Luis González Armengol, Juez Decano de Madrid.
Entre sus principales propuestas merece la pena destacar la creación del Estatuto del Vocal del Consejo, así como un Código de Conducta y un Régimen de Incompatibilidades de los miembros integrados en dicho órgano, lo que supondría mayor transparencia en su funcionamiento. Los Decanos han propuesto impedir el acceso al CGPJ a cargos políticos y a los que ostentan cargos de libre designación en la carrera judicial durante el ejercicio del mismo o los dos años siguientes al término de dicho mando.
En relación al acceso a la carrera judicial, los Jueces Decanos han rechazado la propuesta del Ministro de Justicia y mantener el actualmente vigente de oposiciones, por considerarlo el más correcto en criterios de objetividad, mérito y capacidad.
La jornada celebrada el 26 de octubre en Elche, por el Consejo General de Procuradores contó con la asistencia de las máximas autoridades de las instituciones relacionadas con la profesión de Huissiers de Justicia de Chipre, Grecia, Portugal, Francia, Argelia y Túnez, entre otras.
Tras analizar y abordar los problemas que existen en los respectivos países a la hora de proceder a los embargos de bienes entre empresas de distintas naciones por falta de una legislación que unifique criterios, se planteó la conveniencia de instar a los respectivos gobiernos sobre el interés común de incluir en sus reformas legislativas las recomendaciones y mejoras que se consideren necesarias y oportunas por parte de los profesionales relacionados con los Huissiers de Justicia.
Como conclusión, la Jornada aprobó que "La Unión Internacional de Huissiers de Justicia debe velar porque en todos los países europeos y del arco mediterráneo exista la figura del profesional liberal encargado de la ejecución, con amplias facultades para realizar los actos de comunicación necesarios para ello, en la forma y manera en que desarrollan la profesión los Huissiers de Justicia de países como Francia, Holanda, Bélgica, y exigir las reformas procesales y legislativas necesarias para que ello se pueda llevar a efecto".
