El Gobierno aprobó el pasado viernes un Real Decreto por el cual se rebajan en un 30% los derechos arancelarios de notarios y registradores mercantiles para la adaptación de las sociedades profesionales a la nueva Ley.
La medida se considera idónea, dado que redundará en beneficio general, al suponer un claro incentivo en la adaptación de la Ley de Sociedades Profesionales, que se une al otro, también importante, como es el que los actos y documentos precisos estén exentos del Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales, tal y como considera la Ley 2/2007, de 15 de marzo.
Las reducciones del 30% afecta, en el caso de los notarios, a la autorización de los documentos que contengan los actos y contratos necesarios para la adaptación de estas sociedades y, en lo que se refiere a los registradores mercantiles, a la inscripción de esos mismos actos y documentos.
Las negociaciones para renovar el CGPJ, pendiente desde el pasado mes de noviembre, se hallan interrumpidas, según ha comunicado el portavoz socialista en el Congreso , Diego López Garrido, para quien el PP no quiere la renovación, considerando necesario un acuerdo previo a la inauguración del año judicial prevista para el próximo día 17 de septiembre.
El PP, por su parte desmiente tal postura y afirma que las negociaciones no están rotas, sino que se trata de algo que lleva su tiempo, dado que no están de acuerdo con los planteamientos socialistas sobre la citada renovación.
Siete de los catorce edificios que integrarán la futura Ciudad de la Justicia de Madrid disponen ya de su respectivo proyecto, estando previsto que en breve, se amplíe a los correspondientes Juzgados de lo Penal y al de la Fiscalía. En concreto, se ha proyectado el del Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial, el Instituto de Medicina Legal, Los Juzgados de lo Social y lo Mercantil, el Edificio de Usos Múltiples, los Juzgados de Menores y el Decanato.
De todo ello ha informado el Vicepresidente Segundo y Consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Alfredo Prada, sin que se haya fijado una fecha para la conclusión de la citada Ciudad, aunque se prevé que, tras la licitación de todos los edificios, su edificación media podría durar entre dos años y medio y tres.
Fuente: EXPANSIÓN, Jurídico
Sólo el 5% de los jueces hace un uso avanzado de las nuevas tecnologías, es decir, aprovecha las herramientas informáticas y telemáticas de gestión que pone a su disposición la Administración en Juzgados y Tribunales. Así, al menos, se desprende de un estudio realizado por Indra, empresa tecnológica responsable de la formación de los jueces en esta materia desde el año 2005.
Es cierto que seis de cada diez utiliza el correo electrónico y un porcentaje importante, en torno al 22%, sabe usar las bases de datos relacionadas con jurisprudencia y legislación, pero sólo el 5% utiliza el sistema de gestión procesal creado en la intranet del juzgado. Sorprende, además, que un 9% de los miembros de la carrera judicial rechacen la formación para el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías.
El Ministerio de Educación y Ciencia tramita en la actualidad un proyecto de Real Decreto por el que se incorpora al ordenamiento español la directiva 2005/36/CE, cuyo objetivo es facilitar la movilidad de los profesionales en el espacio europeo a través del reconocimiento de las cualificaciones profesionales.
Así, en el anexo VIII del Proyecto, se incluye un listado de profesiones "reguladas", del que quedan fuera más de una decena de profesiones, entre ellas, administradores de fincas, biólogos, delineantes, físicos, geólogos, pedagogo, politólogos, psicólogos, sociólogos, perito mercantil, diplomados en ciencias empresariales o trabajadores sociales, sin que, por otra parte, se explique el criterio elegido para la selección -o no- de las profesiones "reguladas".
Esta situación afecta a más de 500.000 profesionales españoles y 900.000 estudiantes universitarios, que podrían ver mermadas sus salidas profesionales en función de la carrera que elijan.
La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, a la que pertenece el Colegio de Procuradores, y numerosos Colegios Profesionales ya han trasladado al Gobierno y a los grupos parlamentarios su desacuerdo con el Proyecto de Real Decreto, ya que, de salir adelante en los términos en los ha sido redactado por el Ministerio de Educación, la transposición de una directiva que pretendía favorecer a todos los profesionales europeos va a tener en España un efecto contrario.
