Fuente: Cinco Días
El Gobierno ha renunciado a sacar adelante el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, según confirmó ayer la Secretaria general del PP durante un desayuno informativo organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos.
Mª Dolores de Cospedal afirmó ayer que "tanto Rajoy como yo apoyamos a los colegios" y "vamos a mantener los colegios profesionales", aunque explicó que estos deben "revisar sus fines" con el objetivo no solo de "defender los intereses de sus afiliados" sino también de trasladar a la sociedad "toda su pericia, su know how"
En febrero, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció que el anteproyecto -que ahora Cospedal da por retirado- se había retrasado sine die. Fuentes del departamento aseguraron entonces que el Gobierno estaba discutiendo en la Comisión Europea la regularización del acceso a determinadas profesiones, en el marco de la evaluación recíproca de la directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales, aprobada en noviembre de 2013, y que esperaba el resultado de esta valoración. La presentación de este anteproyecto, que se remonta a principios de 2013 y del que se llegaron a conocer distintos borradores, levantó las protestas de distintos gremios.
Las razones que Cospedal esgrimió ayer para justificar la retirada del anteproyecto apuntan a que la mayor diferencia entre el Ejecutivo y Bruselas está en la figura de los Colegios Profesionales. La Secretaria general del PP reconoció la intensa presión que la CE mantiene sobre España respecto a la reforma, que podría desembocar incluso en la apertura de un procedimiento de infracción. Pero defendió al tiempo que el Gobierno está convencido del valor de los colegios, pese a reivindicar que deben "revisar sus fines" para servir no solo a sus afiliados, sino a toda la sociedad.
El colectivo de las profesiones reguladas contribuye muy activamente al tráfico mercantil en nuestro país, puesto que aporta cerca de un 9% del PIB, proporciona más de un 6% de empleo directo y aglutina a algo más de un millón y medio de profesionales. Las cifras con ser aproximadas, dado que no existen estadísticas fiables en este sector, permiten hacerse una idea de la importancia económica que tiene liberalizar completamente este mercado.
Informamos de la incorporación en el cargo de Director del ICPM, de Mariano Rodríguez -hasta el momento Jefe del Dpto. de Tesorería-, así como de la consiguiente baja de Antonio Garcerán como Gerente.
La Junta de Gobierno expresa sus mejores deseos al interesado en esta nueva etapa, en la cual y desde su nuevo puesto, reitera su disposición y compromiso para con todos los Colegiados.
Gabriel de Diego, actual Decano del Colegio, junto a la Vicedecana Rocío Sampere y la Vocal 8ª María Granizo, mantuvo ayer lunes su primera reunión informativa con periodistas de diversos medios, donde expuso sus directrices y propuestas de gestión, y atendió las diferentes cuestiones que le fueron planteadas.
En el marco del Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el ministro de Justicia ha destacado el concepto de Justicia digital, con el objetivo de conseguir el papel cero en juzgados y tribunales. Para ello se ha fijado el próximo 1 de enero de 2016 como fecha a partir de la cual será obligatorio el uso de sistemas telemáticos para los profesionales de la Justicia y los órganos judiciales en la presentación de escritos y documentos.
El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, explicó que el Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado un plan para el pago de la subvención para la prestación de asistencia jurídica gratuita a los colegios de Abogados y Procuradores que permitirá la presentación de certificaciones mensuales, lo que contribuirá a agilizar el proceso de pago.
Victoria apuntó que este nuevo sistema se empezará a aplicar en el pago de la
subvención aprobada este año para asistencia jurídica gratuita y que asciende a 32 millones de euros.
Destacó que el acuerdo aprobado hoy refuerza el compromiso que la Comunidad de Madrid tiene con la asistencia jurídica gratuita, tanto con su correcta prestación como con los profesionales gracias a los cuales es posible que llegue a las personas que la necesitan.
Asimismo, explicó que el Gobierno regional ha destinado 107,5 millones de euros a esta materia en los últimos tres años. Según Victoria, Madrid es la tercera comunidad que más invierte en asistencia jurídica gratuita, sólo por detrás de Cataluña y Andalucía, que tienen uno y dos millones más de habitantes respectivamente.
Informó de que en 2014 se gestionaron en la región 102.957 expedientes de asistencia jurídica gratuita, un 20% menos que el año anterior.
Del total de expedientes, 63.363 pertenecieron al orden penal, 28.491 al civil, 4.871 al social, 5.194 al contencioso-administrativo y más de 1.000 a otro tipo de órdenes.
