El Foro celebrado a lo largo de la mañana de hoy ha congregado a expertos y profesionales de la Administración y de la empresa privada relacionados con el mundo de la tecnología y la Justicia y, ha contado con la asistencia del Decano Gabriel Mª de Diego, y del Presidente del Consejo General Juan Carlos Estévez como Ponente en uno de los coloquios celebrados.
Durante la inauguración del Foro, celebrado en la Fundación Rafael del Pino, el ministro de Justicia Rafael Catalá, ha asegurado que para seguir avanzando hacia una Administración de Justicia digital no hay otro camino que la senda de la innovación tecnológica. Catalá ha subrayado que la fecha del 1 de enero de 2016, a partir de la cual las comunicaciones electrónicas serán obligatorias para los profesionales de la Justicia, no es un punto final sino el primer paso para llevar el papel cero a los juzgados y tribunales.
El ministro ha recalcado que la digitalización de la Justicia es un proceso irreversible para el que se destinarán en los presupuestos del Ministerio de Justicia para 2016 más de 64 millones de euros, lo que supone un incremento del 37% respecto a lo invertido en 2015.
Catalá ha hecho balance del Plan 2015 para la Aceleración de la Justicia en Entornos Digitales del que se cumplen ahora seis meses y, en esta línea, el ministro ha recordado que la publicación a comienzos de esta semana de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha supuesto el impulso definitivo a las comunicaciones electrónicas en materia de Justicia. Solo este año, la implantación de la presentación de escritos y demandas a través de la plataforma Lexnet ha supuesto un ahorro de unos 200 millones de euros.
Junto a la agilización de los procesos, el ministro ha subrayado la necesidad de contar con una gestión procesal tecnológicamente avanzada, en la línea del Expediente Judicial Electrónico (EJE) que funciona en la Audiencia Nacional y que actualmente se está terminando de implantar en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este órgano judicial. Durante 2015, el EJE ha permitido ahorrar 5,5 millones de euros en los 18.415 asuntos incoados hasta la fecha.
Catalá ha destacado asimismo el esfuerzo realizado para establecer las bases de la interoperabilidad entre todos los sistemas de gestión procesal que coexisten en el territorio nacional, y que ha permitido recientemente alcanzar un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia.
Como reto de futuro, el ministro ha hecho una reflexión sobre la oportunidad de empezar a abordar una reforma de calado en el aspecto procesal que pasa, ha dicho, por construir un nuevo derecho procesal digital.
El ministro de Justicia ha señalado que en una sociedad como la española es necesario establecer una nueva relación de mayor proximidad, transparencia y apertura con el ciudadano. En las próximas semanas, se empezarán a notificar, a través de dispositivos móviles, los señalamientos y suspensiones de los juicios que se celebren en las Oficinas Judiciales del territorio del Ministerio de Justicia.
Catalá ha destacado otras dos iniciativas que van a permitir dotar de mayor transparencia al funcionamiento de los procesos judiciales: la Sede Judicial Electrónica, a través de la que el ciudadano puede consultar vía web el estado de sus expedientes judiciales; y el sistema de subastas judiciales electrónicas, que permitirá en unos días el acceso abierto y electrónico a la participación en este tipo de procedimientos.
Han intervenido también en este Foro el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado; el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; la magistrada y vocal del CGPJ, Victoria Cinto; el secretario general de la Consellería de Justicia de la Generalitat de Catalunya, Enric Colet; el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano; el vicepresidente de GARTNER, José María de Santiago; y el asesor del ministro de Justicia en Innovación y Transformación Digital, Óscar Cortés. La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, ha sido la encargada de su clausura.
