Fuente: CGPE
En documento adjunto se encuentra el calendario de implantación de comunicaciones telemáticas por Comunidades que actualiza el anterior, situado en esta misma sección de la Web con fecha 20 de abril.
Fuente: CONFILEGAL.com
El Congreso analiza la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita la instrucción judicial a 6 meses para las causas sencillas y 18 para las complejas, y sustituye el término ´imputado´ por ´investigado´ que pasará a ´encausado´ tras el auto de acusación.
La comisión de Justicia del Congreso debate el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
El texto cuenta con el rechazo de toda la oposición, que reclama que la Fiscalía no tenga la potestad exclusiva para pedir al juez la prórroga de la instrucción judicial, como así figura en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Todos los grupos parlamentarios han presentado enmiendas. PSOE y la Izquierda Plural piden derogar el apartado que fija límites en la instrucción y, por consiguiente, la posibilidad de que el fiscal tenga en su mano la ampliación de los plazos, un supuesto este último que también rechazan UPyD, PNV y CiU.
La reforma establece límites en los plazos de instrucción de 6 meses para las causas ordinarias y 18 para las complejas, que podrán ser prorrogables por el juez instructor pero a petición única del fiscal.
Al respecto, los socialistas aseguran que el texto "impone una serie de plazos, prórrogas y trámites que carecen de utilidad y sólo sirven para complicar y enturbiar el proceso, ya que lógicamente el incumplimiento de tales plazos no puede derivar en una especie de caducidad del proceso penal, ni nulidad del mismo, a favor de los delincuentes mejor organizados".
Por su parte, el Grupo Vasco rechaza la introducción del plazo de seis meses para las causas ordinarias -no así el de 18 meses- porque "supone vulnerar la discrecionalidad y el buen sentido de los jueces de instrucción que no deben ser obligados por un plazo temporal que degrade la calidad de las diligencias que deben instruir".
PSOE, Izquierda Plural y PNV se oponen fuertemente al modelo que atribuye en exclusiva a la Fiscalía la potestad para prorrogar o no la investigación.
Sobre este asunto, UPyD exige incluir -junto al Ministerio Público- a las defensas y las acusaciones mientras que CiU añade a éstas últimas que la ampliación también pueda ser acordada de oficio por el juez instructor.
Asimismo, el Grupo Catalán, UPyD y la Izquierda Plural reclaman eliminar el supuesto que permite a Interior ordenar escuchas telefónicas sin autorización judicial previa, para investigar delitos terroristas o relacionados con bandas armadas.
Fuente: EXPANSIÓN.com
Durante su intervención en la inauguración de las IX Jornadas de Juntas de Gobierno que el CGPE ha organizado este fin de semana en Mérida, Catalá ha afirmado que de momento no existe ningún expediente de infracción abierto contra España por no aplicar las exigencias de la Unión Europea respecto a la normativa de servicios y ha defendido la postura de España respecto a las exigencias de Europa sobre la liberalización de servicios, destacando la decisión del Gobierno de retirar finalmente el proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que había sido impulsado por el Ministerio de Economía por recomendación de Bruselas.
En defensa de las funciones de la procura, el ministro ha destacado la firme determinación del Ministerio de Justicia al mantener la incompatibilidad en el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador.
Además, ha alagado la labor de los procuradores señalando que son "una pieza fundamental en lo que tiene que ver con la seguridad jurídica" y ha destacado que son "cooperadores necesarios" para implantar la Justicia digital en España.
Ha señalado también que el aumento de protagonismo de los procuradores incluido en la actual reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la ampliación de sus funciones procesales y la atribución de capacidad para certificar, mejora las opciones con las que cuenta el ciudadano, ya que podrá elegir entre los funcionarios al servicio de la Administración o los procuradores para realizar las notificaciones del litigio.
Fuente: CIRCULAR Nº 70/15
A los nuevos Procuradores se les exige que, además de conseguir su grado en derecho, superen un Máster de formación específica y una prueba de actitud. El Máster incluye horas de prácticas tuteladas por Procuradores de los Tribunales cuyas funciones son evaluar a los alumnos e impartir unos temarios específicos que se incluyen en las memorias aprobadas por ANECA.
El ICPM en colaboración con la URJC, ha diseñado un nuevo curso de formación de Tutores al que os invitamos a participar, y, que una vez superado, os habilita ante cualquier Universidad para el ejercicio de la condición de profesor-tutor.
El Curso de Formación de Tutores, se celebrará los días 18 y 25 de JUNIO (de 15 a 20 h.). Está compuesto por 10 horas presenciales donde se tratarán los siguientes temas: Técnicas de docencia, Obligación del Tutor, Gestión de Despachos, Sedes Judiciales, Actos de Comunicación, Resoluciones. Intervención en la ejecución, Turno de Oficio y Justicia Gratuita.
Además, 15 horas on-line cuyo contenido lo forma el temario y trabajo práctico.
Estamos convencidos de que el esfuerzo que estamos realizando en estos proyectos va a ser aceptado por todos vosotros, compartiendo con esta Junta de Gobierno el objetivo de la absoluta necesidad de seguir avanzando en estos profundos cambios.
INSCRIPCIÓN: El coste de inscripción es de 120 ?, pudiendo realizarse personalmente en el Dpto. de Tesorería de la sede del Colegio de Bárbara de Braganza o bien, mediante transferencia bancaria, y enviando el justificante del pago junto con su nombre y apellidos al fax 913084415 o al email: centrodeformacion@icpm.es
*AMPLIADO PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 27 DE MAYO*
Información completa en la Circular nº 70/15.
Fuente: CIRCULAR Nº 79/15
A propuesta de la Comisión de Formación, el día de ayer tuvo lugar una Mesa Redonda celebrada en el salón de actos del TSJ, con el fin de profundizar en las competencias de las que disponemos en materia contencioso-administrativa y estudiar la posibilidad de asumir otras nuevas, que vengan a ampliar el espectro de actividades que realizamos dentro de nuestra labor de representación y que nos han hecho merecedores de nuestra condición de cooperadores necesarios con la Administración de Justicia.
Participaron en la misma el Decano, Gabriel Mº de Diego; Pedro Vila Rodriguez, Procurador; Ilma. Sra. Dª Tránsito Salazar Bordel, Delegada del Decanato de los Juzgados de Madrid para lo Contencioso-Administrativo; Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Valverde, Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; así como con el Excmo. Sr. Don Enrique Arnaldo Alcubilla, Letrado de las Cortes Generales y Catedrático de Derecho Constitucional por la URJC, que ejerció de Moderador.
Entre los colegiados asistentes, la Vicedecana, Mª del Rocío Sampere y la Vocal de la Junta de Gobierno y Presidenta de la Comisión de Formación, Carmen Giménez.
El acto se desarrolló con una breve exposición de cada uno de los participantes, dando lugar con posterioridad a un interesante diálogo con los presentes.
