Fuente: EPJ
El pasado día 22 de junio, la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM celebró su tradicional Acto de Clausura en el que se hizo entrega de los Premios y Diplomas a los alumnos más destacados de las distintas enseñanzas impartidas a lo largo del año. Dichas enseñanzas han congregado a 325 alumnos y han sido impartidas por 90 profesores.
Como premios destacados, y en el apartado del Curso especial para el acceso a la profesión de PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES, en su XXVI Promoción, el Decano y miembro del Consejo de Patronato de la Escuela, Gabriel Mª de Diego Quevedo, entregó el Diploma del Curso, el Diploma acreditativo del Nº1 de la promoción, y la insignia de la Escuela a Dña. Sandra García Fernández-Villa.
En el acto contó también con la presencia de la Decana del ICAM, Dña. María Sonia Gumpert Melgosa, que hizo entrega del Diploma del Curso General Formativo para el acceso a la Profesión de Abogado e impuso Insignia al alumno Nº 1 de la promoción; D. Raúl Leopoldo Canosa Usera, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y, D. Manuel Pedro Gallego Castillo, Director de la Escuela de Práctica Jurídica, que hicieron asimismo entrega de diversos premios.
Estimados compañeros:
En el Banco de Santander nos manifiestan que por cambio informático en el sistema de realización de pagos y consignaciones, en la mañana de hoy se están produciendo incidencias que no permiten los abonos telemáticos.
Hasta que se resuelva la incidencia -no saben decirnos si en la mañana de hoy- el único sistema de pago es en papel, en sucursales.
Fuente: CONFILEGAL.com
En rueda de prensa el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y en presencia de la comisaria europea de Justicia, la polaca Vera Jourová, explicó que no tienen ninguna consecuencia práctica ni afectan a los derechos de los ciudadanos, es una cuestión de debate académico. Por ello, el Gobierno no va a abordar ningún tipo de enmienda.
Además afirmó que el Código Penal es una ley que ha tenido un periodo de elaboración prolongadísimo. Primero en la fase inicial, por una comisión de expertos. Luego la tramitación, como proyecto de ley del Gobierno, que fue informado por el Consejo General del Poder Judicial, por la Fiscalía General del Estado y por el Consejo de Estado. Luego ha estado en el Congreso de los Diputados durante un año y medio, en periodo de enmiendas. Finalmente, se aprobó y entrará en vigor el 1 de julio.
Los expertos han informado al ministro y así lo explicó, que supone simplemente que algún tipo de delito puede quedar clasificado o bien como delito menos grave o como delito leve. Lo único que significa esa posible dualidad es que comparten la duración de la pena de tres meses, pero no significa, de ninguna manera, una reducción de pena. Cuando sucedan estos supuestos, si los jueces deciden tramitarlo como delito leve, que es el de menor gravedad de los dos, eso implicará una mayor agilidad porque será de aplicación una regla procesal más ágil. Estaremos, por lo tanto, en presencia de una resolución más rápida. No se verá reducida la pena que este tipo de delitos puedan tener.
Por otro lado y en esta misma rueda de prensa, la comisaria europea de Justicia, con la que Catalá mantuvo un encuentro de trabajo para tratar temas como la Fiscalía Europea, aspectos referentes a la justicia penal europea, la agenda de seguridad, la política común en la lucha contra la violencia de género y el recién aprobado Reglamento Europeo de Protección de Datos, agradeció al Gobierno de España y en particular, al ministro Catalá, su apoyo y colaboración ágil y constructiva. Subrayó además, la "ambiciosa reforma" emprendida por el Gobierno para mejorar la Administración de Justicia, confiando en que se sigan haciendo los esfuerzos necesarios, en modernización y digitalización de procesos, porque "es interés de todos que el sistema judicial sea independiente y eficiente".
Fuente: ABC, EL MUNDO
La Ciudad de la Justicia, el último plan estrella del Gobierno saliente de Ignacio González- con un presupuesto inicial de 1.200 millones de euros- genera dudas en el nuevo Ejecutivo que se formará esta semana y que deberá poner la firma al contrato de adjudicación.
Tanto el equipo de Cristina Cifuentes como Ciudadanos, PSOE y Podemos recelan del proyecto cuyo encargo ha sido ya comunicado verbalmente a la UTE formada por OHL-Acciona.
El revuelo político se reactivó ante los rumores de que el último Consejo de Gobierno de González podría haber firmado la adjudicación.
Según el contrato, la Comunidad deberá pagar un canon anual de 37,2 millones durante los próximos 26 años por la construcción y mantenimiento del macrocomplejo (200.000 metros cuadrados). Un espacio que aglutinará 356 juzgados y tribunales y el Instituto de Medicina Legal, ya construido. Por sus instalaciones, se calcula que pasarán una media de 25.000 personas al día.
Su futuro está ahora en manos del equipo que presidirá Cifuentes.
Fuente: EL PAÍS
El Gobierno ha detectado fallos o disfunciones importantes en el Código Penal que fue publicado en el BOE el pasado 31 de marzo y que entrará en vigor el próximo 1 de julio. La Fiscalía General del Estado ha alertado a los fiscales sobre los errores detectados, después de año y medio de tramitación parlamentaria. La institución ha dictado una circular en la que informa de que por ese efecto no deseado o error, 16 delitos "menos graves" tendrán que considerarse "leves". El ministerio público entiende que la voluntad de los legisladores no era "degradar estos delitos menos graves".
El error se produce en la nueva tabla de penas, que para los delitos leves llega a tres meses y la de los delitos menos graves es "desde tres meses", en lugar de "tres meses y un día". Eso que puede parecer un mínimo matiz provoca problemas técnicos notables, según explica la fiscal general en la circular. Por ejemplo, alguno de esos delitos (sustracción de cosa propia, la ocupación de inmuebles, la alteración de lindes o el uso de un terminal de telecomunicaciones ajeno, entre otros) son competencia del jurado y, sin embargo, los delitos leves no son juzgados por un tribunal popular.
El Ministerio de Justicia estudia estos días cómo salir del error y, solo tiene dos opciones: dar por cierta la degradación involuntaria de los 16 delitos menos graves o intentar buscar soluciones técnicas con reformas exprés a través de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se tramita actualmente.
