Fuente: EUROPA PRESS
Así lo ha asegurado el día de ayer durante la reunión de la Comisión para la Justicia Digital que ha tenido lugar en la sede del Ministerio. Catalá ha destacado durante la reunión que la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se aprobará en septiembre, incluye la obligatoriedad para los profesionales de la justicia de relacionarse de forma electrónica a partir del próximo 1 de enero.
Asimismo ha informado a los participantes en dicha Comisión que en la tramitación en el Senado de la LEC se han introducido las enmiendas del CGPJ y que, además, está en proceso de valoración las peticiones de la Fiscalía.
También ha mencionado que se está trabajando en un Real Decreto de Comunicaciones Telemáticas y, en este sentido Catalá ha informado de los avances que se han producido en el funcionamiento de LexNet, que comenzará a funcionar en el ámbito penal a partir del último trimestre del año.
A esta reunión han asistido la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, además de representantes del Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias, Consejo General de la Abogacía, Consejo General de Procuradores, Consejo General de Graduados Sociales, Secretarios Judiciales y de las Comunidades Autónomas.
El Gobierno ha anunciado la modificación de las retenciones del IRPF para trabajadores y profesionales. Sin embargo, a día de hoy la medida no ha sido aprobada. Esperamos que se haga el viernes, en Consejo de Ministros. Cuando sea publicada en el BOE, emitiremos una Circular con el contenido, la entrada en vigor y la fecha de efecto.
Por ahora, la retención seguirá siendo la misma: 19% en el supuesto general, y potestativamente, 9% para los ejercientes en los tres primeros años de ejercicio, y 15% para los que hayan tenido rentas inferiores a 15.000 ? en el 2014.
Como continuación a la Circular nº 87/15, en la que se informaba de la organización del Servicio de Guardia del mes de agosto, te recuerdo que si deseas inscribirte en el mismo, deberás hacerlo ANTES DEL PRÓXIMO VIERNES DÍA 10, accediendo a través de la página web del ICPM:
Área Privada - Servicios Colegiales - Servicio de Guardia de Agosto 2015.
Pasado dicho plazo, no se admitirán más inscripciones.
Fuente: CIRCULAR Nº 111/15
Esta Junta de Gobierno, tras nuestros primeros cien días de servicio a la Procura de Madrid, necesita contar con vuestras opiniones para conocer vuestras inquietudes y seguir con las promesas de nuestro programa electoral, que tenía como fundamento escuchar la voz de todos.
Por ello os rogamos dediquéis unos minutos a responder, pues será hoja de ruta de nuestro trabajo.
Podéis acceder a la breve encuesta, nada más entrar en el Área Privada debajo del mensaje de bienvenida, pinchando sobre el título "Encuesta a Procuradores":
Fuente: EL PAÍS
La Ley de Jurisdicción Voluntaria se publicó el pasado viernes en el BOE, entra en vigor este mes y saca de los juzgados miles de trámites.
La jurisdicción voluntaria regula asuntos en los que no hay un conflicto directo entre dos partes, sino una necesidad del ciudadano de obtener una resolución judicial para ejercer un derecho o lograr un acuerdo. Hay unos 50.000 procedimientos de esta clase al año -de los nueve millones de asuntos que entran en los juzgados, según Justicia- y prácticamente todos ellos los resuelven, en la actualidad, los jueces.
El Gobierno calcula que aproximadamente 18.000 de esos asuntos pasarán a notarios y registradores. Los jueces y secretarios judiciales seguirán teniendo competencia exclusiva en los expedientes de materia de personas y familia, como los derechos de menores, y en determinados asuntos en materia mercantil y de derecho sucesorio
La ley delega en los 3.000 notarios y 1.000 registradores -que cobran un arancel fijado por el Gobierno- parte de los procedimientos no contenciosos que ahora se resuelven en los juzgados, como los relacionados con herencias o conflictos menores en empresas.
En el caso de bodas y divorcios, el cambio es voluntario para el ciudadano, que podrá elegir entre casarse ante un cura, un juez o alcalde o hacerlo ante notario. Una enmienda introducida por el PP en el trámite parlamentario amplía también la posibilidad de casar y divorciar a los secretarios judiciales, que podrán hacer ambos trámites de forma gratuita.
En el caso de los divorcios, los jueces solo podrán ser sustituidos cuando la separación sea de mutuo acuerdo y no haya hijos a cargo ni personas con discapacidad en el proceso.
La norma también permite a los notarios tramitar bodas, aunque eso será en 2017.
