El ICPM reunió en la tarde de ayer a significativos representantes de la justicia y la política para emplazar a los profesionales de la justicia, poderes públicos y políticos a hacer más efectivas las medidas para la concienciación de la sociedad, mitigar los efectos que las agresiones producen en las víctimas, y paliar la lacra de la violencia contra la mujer.
Abrió el acto Yolanda Ibarrola de la Fuente, Directora General de Justicia de la Comunidad de Madrid, que habló de justicia gratuita y recordó que "el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero modificó el ámbito personal que se extiende a las personas físicas, y ofrece asistencia con independencia de si la víctima tiene o no recursos."
Tomó la palabra Antonio Viejo Llorente, Juez Decano de Madrid, que insistió en la necesidad de incrementar el número de juzgados especializados. El Decano de los procuradores madrileños, Gabriel Mª de Diego, afirmó sentir "vergüenza del hombre que mata o humilla a una mujer."
Mª Dolores Moreno Molino, Directora General de la Mujer, de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, detalló que han puesto en marcha 160 medidas concretas que se dividen en tres ejes: prevención y sensibilización; atención integral a víctimas y confirmación ínter-institucional.
La vocal de la Junta de Gobierno del Colegio, Carmen Giménez Cardona, y presidenta del Centro de Formación del ICPM, anunció que los procuradores madrileños han puesto en marcha un servicio de representación procesal que permitirá designar un procurador en el momento en que se produce una víctima. Este nuevo servicio permitirá presentar medidas cautelares y escritos urgentes, así como la utilización de servicios por los cuales se realizan las funciones públicas competencia de los procuradores: actos de comunicación, subastas, depósitos... que redundarán en una agilización tanto para el juzgado, la administración como a las propias afectadas." Giménez Cardona añadió que se pondrá en marcha, además, "formación para que los procuradores sepan gestionar las emociones en situaciones límite."
La periodista de tribunales de la COPE y presidenta de ACIJUR Patricia Rosety, puso de relieve que de las 44 mujeres asesinadas en España en 2016, sólo el 3% había denunciado. También quiso desmentir que las víctimas sean solo extranjeras, de clase baja, desempleadas, o de familias con un nivel bajo de estudios. Por último enfatizó el deber de los medios de "huir del morbo".
Las fuerzas políticas de todos los signos acudieron a expresar sus puntos de vista en la mesa redonda ?MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA ERRADICACIÓN Y PARA REDUCIR LOS EFECTOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.? Moderada por Antonio Sánchez-Jáuregui Alcaide, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio y presidente de la Comisión de Justicia Gratuita, empezó con el turno de palabra de Clara Serra Sánchez, diputada en la Asamblea de Madrid por Podemos y presidenta de la Comisión de Mujer en la Asamblea de Madrid, quien advirtió de que el presupuesto para la violencia machista "se ha recortado un 50% en diez años". Al respecto de la formación, y basándose en su experiencia como docente de educación para la ciudadanía, pidió que la violencia machista sea asignatura obligatoria en todas las aulas.
Mª Nadia Álvarez Padilla, diputada de la Asamblea de Madrid por el PP y Portavoz en la Comisión de la Mujer, informó que "la Comunidad de Madrid invertirá 272 millones de euros entre 2016 y 2021 como parte de su Estrategia de Actuación Integral Contra la Violencia de Género."
Por parte del PSOE, su diputada en la Asamblea de Madrid Pilar Llop Cuenca, se refirió a la Ley Integral contra la Violencia de Género, y pidió que "no abarque sólo a parejas y ex parejas, sino también al resto de víctimas, lo que permitiría tener mayor información y, en consecuencia, poner en marcha los medios necesarios para atajar la violencia."
Finalizó la mesa redonda Tomás Marcos Arias, diputado de la Asamblea de Madrid, y senador del Grupo Parlamentario Ciudadanos quien exigió mayor visibilidad para el colectivo LGTB y los delitos de odio, para las víctimas mayores de 65 años y de entornos rurales, y para las discapacitadas víctimas de violencia.
Cerró el acto la vicedecana de los procuradores madrileños Rocío Sampere Meneses, quien resaltó que "los procuradores madrileños están en una carrera de fondo contra la violencia, porque es un objetivo social adaptado a la realidad, necesario para una procura asentada, reconocida, moderna y comprometida."
