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30/03/2017
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Fuente: Comunicación Poder Judicial
La directora ejecutiva de ONU Mujeres, la sudafricana Phumzile Miambo-Ngcuka, ha sido distinguida ayer por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ con el premio anual a la labor más destacada en la erradicación de la violencia de género.

Nacida en Sudáfrica en 1955 y formada como profesora, Phumzile Miambo-Ngcuka comenzó como activista contra el apartheid y contra la opresión de la mujer, fue miembro del Parlamento democrático de su país y ministra de Minerales y Energía en el gobierno de Nelson Mandela, convirtiéndose en 2005 en la primera mujer de su país que alcanzó la Vicepresidencia de la Nación.

Desde 2013 ocupa el cargo de Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, desde donde ha impulsado la lucha de Naciones Unidas en todos los campos y a todos los niveles para frenar la violencia de género y remover los obstáculos, políticos, sociales y económicos, que impiden la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

El Observatorio también ha querido reconocer la labor llevada a cabo por Antena 3, en colaboración con Fundación Mutua Madrileña, en la que a través de sus noticias y programas informativos, ha utilizado toda su capacidad de comunicación para sensibilizar contra la violencia de género, generar un mayor rechazo social hacia el maltratador y, sobre todo, intentar reducir el número de víctimas.

Igualmente, ha distinguido a Blanca Hernández Oliver con la mención especial ?Soledad Cazorla, fiscal? por la labor desarrollada durante los cinco últimos años al frente de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, desde donde ha promovido destacadas actuaciones para la erradicación de la violencia contra la mujer, como la aprobación de la Estrategia Nacional, y ha impulsado importantes reformas legales relativas a la mejora de la asistencia y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de los menores a su cargo.

Los galardones serán entregados previsiblemente en el mes de septiembre y han sido concedidos por unanimidad de todas las instituciones que conforman el Observatorio, entre las que se encuentra el Consejo General de Procuradores.
30/03/2017
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Fuente: BOE núm. 66 de 18 de marzo
BOE núm. 66, de 18 de marzo.

- Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Facilitamos un resumen de la Exposición de Motivos y enlace al texto completo del Real Decreto publicado en el BOE:

A pesar de las acciones conducentes a procurar la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago, así como mecanismos de flexibilización de los procedimientos de ejecución hipotecaria, existen razones económicas y coyunturales que justifican la adopción de tres tipos de medidas.

1. En primer lugar, resulta conveniente ampliar el ámbito de aplicación de las medidas de protección de los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad, lo que supone tanto modificar el ámbito de aplicación del Código de Buenas Prácticas como el de aquellas personas que se pueden beneficiar de la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas.

2. En segundo término, se amplía en tres años adicionales, desde la entrada en vigor de esta norma y hasta mayo del año 2020, la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables contenido en la Ley 1/2013.

3. Finalmente, se establecen mecanismos de alquiler en favor de los deudores ejecutados sobre los inmuebles cuyo lanzamiento sea objeto de suspensión.
29/03/2017
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FECHAS:
- 31 marzo y 7 de abril, de 15.30 a 20.30h.
- 1 y 8 de abril, de 9 a 14.00h.

Desde el Centro de Formación, en su apuesta por la capacitación de todos los compañeros y por la presencia del Procurador en todos los ámbitos de la sociedad, en los que se requiera de la colaboración de los profesionales para la resolución de conflictos, os proponemos este tercer curso de mediación civil, mercantil, familiar y penal.

Los objetivos del curso son ofrecer al mediador una formación permanente para conocer los aspectos generales y los distintos tipos de mediación. Capacitar para resolución de conflictos en procesos de mediación civil, mercantil, familiar y penal y, ofrecer una panorámica general de las situaciones de conflicto existente en cada ámbito, como contexto en el que se desarrollan los procesos de mediación.

Tras la finalización del curso se obtendrá un certificado homologado del ICPM en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos de 20 h. presenciales que contabilizan para las horas requeridas según el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre.

Profesorado:
- Helena Soleto. Doctora en Derecho, abogada y experta en mediación.
- Agustín Azparren Magistrado en excedencia y Letrado experto en Mediación Bancaria.
- Amparo Quintana, abogada especialista en derecho privado y mediación.
- Christian Lamm. Abogado experto en Mediación.

Lugar de celebración: sede del ICPM de Bárbara de Braganza (aforo limitado a 20 alumnos).

Precio: Para colegiados y Procuradores adscritos a otros colegios: 102,85 ? (IVA incluido). Para no colegiados: 146,41 ? (IVA incluido) Transferencia Bancaria: c/c Bco. Popular ES24/0075/0322/8106/0030/4863

Inscripción: enviar el justificante de la transferencia junto con nombre completo al fax 913084415 o al correo centrodeformacion@icpm.es

28/03/2017
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Fuente: fiscal.es
El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha firmado ayer la Instrucción 1/2017 sobre la actuación del Fiscal para la protección de los derechos al honor, intimidad y propia imagen de menores de edad con discapacidad ante los medios de comunicación audiovisual.

La firma ha tenido lugar al término de la reunión con los miembros del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), a quienes Maza ha explicado que con esta Instrucción cumple uno de los compromisos adquiridos ante el Congreso de los Diputados, en la defensa y protección de las personas con discapacidad.

El Fiscal General ha explicado que con esta Instrucción se garantiza la seguridad jurídica de los ciudadanos, ya que los Fiscales pueden armonizar su actuación y ofrecer una respuesta común ante hechos similares.

Por su parte, Luis Cayo, Presidente del CERMI, ha afirmado que de todos los poderes públicos, el Ministerio Fiscal es la institución más próxima y amigable para las personas con discapacidad, que luchan día a día para generar un entorno que respete sus derechos.

En declaraciones a los medios de comunicación, José Manuel Maza ha explicado que el objetivo de la Instrucción es ?dar respuesta a aquellos casos en los que algún medio de comunicación no respeta el honor y sobre todo el derecho a la imagen de un menor discapacitado?.

El Fiscal General ha explicado que los diferentes Convenios Internacionales firmados por España exigen que se dispense un trato respetuoso, y que salvaguarde la identificación de los menores con discapacidad. En su opinión, tanto la televisión como la prensa gráfica son ámbitos en los que se puede ver afectada la imagen de las personas menores de edad.
27/03/2017
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Fuente: Comunicación Poder Judicial
El estudio de la evolución desde el año 2001 de las demandas de disolución matrimonial, realizado por el departamento de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, muestra como el número de separaciones y divorcios en España se mantiene estable desde 2009, año en el que se produjeron un total de 124.430 disoluciones. En 2016, el número total de separaciones y divorcios fue en nuestro país de 119.889.

La evolución de las demandas de disolución matrimonial, que era creciente en los primeros años analizados, con predominio de las separaciones sobre los divorcios, y de las disoluciones consensuadas sobre las no consensuadas, sufrió un importante cambio con la modificación del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2005, que unificó los requisitos exigidos para la concesión del divorcio, igualándolos a los de la separación, lo que de hecho permitió la disolución del matrimonio por divorcio directamente sin pasar por la fase de separación.

Los datos reflejan que a partir de ese momento el número de separaciones cayó a la cuarta parte y el de divorcios se triplicó. En los últimos años puede afirmarse que los divorcios representan ya casi un 95 por ciento del total de disoluciones matrimoniales.

La crisis económica también ha dejado sentir su efecto en las modificaciones de medidas matrimoniales, que entre 2006 y 2016 se han triplicado, con incrementos en todos los años, tanto en las disoluciones consensuadas como en las contenciosas. En 2016, se produjeron 44.231 modificaciones de medidas, mientras que en el año 2006 la cifra había sido de 13.145.

Para los hijos menores no matrimoniales también se ha observado un importante incremento de las medidas de guarda, custodia o prestación de alimentos, como lo corrobora el dato de las 46.623 medidas adoptadas en 2016 frente a las 16.122 del año 2006.

El número de demandas derivadas a mediación ha ido incrementándose anualmente. En 2016, 4.160 de las demandas derivadas a mediación finalizaron mediante este procedimiento, un 20 por ciento de ellas con avenencia de las partes.