Normas provisionales del Servicio de Actos de Comunicación

La Junta de Gobierno del ICPM en su sesión celebrada el día de ayer 3 de abril, acordó por unanimidad aprobar las NORMAS PROVISIONALES DEL SERVICIO DE ACTOS DE COMUNICACIÓN del Colegio, solo con el fin de lograr el buen funcionamiento de los servicios colegiales.

Se da así cumplimiento a la Sentencia, que no es firme pues cabe recurso de casación, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha estimado en parte el recurso presentado y declarado la nulidad del Reglamento 3/2015 de 6/07/2015.

Contra el presente acuerdo cabe recurso de alzada ante la Comisión de Recursos de ICPM.

Texto completo de las Normas Provisionales del SAC, en el área privada de esta misma web, sección Info/Actualidad/Documentos así como en la sección Reglamentos Internos.

LEXNET: justificante por degradación en la prestación del servicio

La Subdirección General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia, como responsable de administrar, mantener el entorno operativo y la disponibilidad del sistema LEXNET, y de acuerdo a lo indicado en el artículo 16 del Real Decreto 1065/2015, notifica que debido a incidencias en las infraestructuras del sistema, se ha producido una degradación en la prestación del servicio el DÍA 31 DE MARZO desde las 12:32 h. hasta las 14:30 h.

Justificante en el siguiente enlace:

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Jornada informativa sobre mediación intrajudicial civil

El pasado viernes 31 de marzo se celebró una jornada informativa sobre mediación intrajudicial civil en la Sala de Juntas de la sede de los Juzgados de Capitán Haya, presidida por Antonio Viejo Llorente, Juez Decano de Madrid, y destinada especialmente a magistrados/as y letrados/as de la Administración de Justicia de los Juzgados de Primera Instancia de Madrid.

En la misma se abordó la problemática de la mediación como solución alternativa de conflictos ya judicializados, los protocolos de intervención y las experiencias jurisdiccionales, utilizando para ello la plataforma en la que numerosos magistrados y letrados de la AJ participaron de forma activa resolviendo cuantas dudas se fueron planteando.

Se contó también con la intervención de Ana Maria Carrascosa Miguel, Letrada del Gabinete Técnico del CGPJ, Jefe de Sección de Estudios e Informes, Mediación; Javier Garbayo García, Director General de la Fundación Notarial SIGNUM para la resolución alternativa de conflictos; Fernando Bejerano Guerra, Director del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Madrid; Inés Herranz Varela, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 73 de Madrid; Laura Fojón Chamorro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 73 de Madrid y, Pilar López Asensio, Abogada-Mediadora.

En representación del ICPM asistieron la Vicedecana Rocío Sampere, la Vocal Carmen Giménez y el Jefe del Dpto. de Informática, Cristóbal Trillo.

LEXNET: justificante de anomalía en la prestación del servicio

La Subdirección General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia, como responsable de administrar, mantener el entorno operativo y la disponibilidad del sistema LEXNET, y de acuerdo a lo indicado en el artículo 16 del Real Decreto 1065/2015, notifica que debido a una incidencia en la infraestructura del sistema, se ha producido una degradación en la prestación del servicio en LEXNET el DÍA 30 DE MARZO desde las 13:20 h. hasta las 19:00 h. Quedando resueltas las cuestiones técnicas asociadas a dichas incidencias.

Facilitamos enlace al justificante:

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Hacienda suspende la resolución por la que la Justicia Gratuita tributaba IVA

Fuente: Web de La Moncloa y prensa Ministerio de Justicia

Ayer día 31 de marzo el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dado trasladado de la comunicación del Ministerio de Hacienda por la que se suspenden los efectos de la resolución del pasado 25 enero emitida por dicho departamento y por la que la asistencia jurídica gratuita quedaba sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido:

"El Ministerio de Hacienda tiene en cuenta así la Proposición de Ley presentada la pasada semana en el Congreso de los Diputados, que se va a tramitar por el procedimiento de urgencia, por la que se va a modificar la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y con la que se va a reforzar el sistema y la garantía del acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia.

Dicha iniciativa tiene por objeto adoptar las medidas necesarias para afianzar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y reforzar la configuración legal del derecho a la asistencia jurídica gratuita resaltando el carácter obligatorio de la organización del servicio por parte de los colegios profesionales y el carácter gratuito de su prestación. Todo ello, con el objetivo de mantener el servicio que se presta al margen de toda sujeción o aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido.

A la vista de esa Proposición de Ley y con el ánimo de dotar de mayor seguridad jurídica a los abogados, a los procuradores de los tribunales a los que afecta y a los propios ciudadanos a los que se reconoce el derecho, Justicia solicitó al Ministerio de Hacienda la suspensión del criterio tal y como habían acordado ambos departamentos.

Los colegios profesionales asumen la obligación de prestar un servicio público que se fundamenta en el artículo 119 de la Constitución. Por otro lado, la compensación satisfecha por esta asistencia tiene naturaleza análoga a una indemnización, es decir, no se entiende como una retribución puesto que se aleja de los precios de mercado, se impone sin que el profesional tenga capacidad para modificarla, está sujeta a baremo y con ella se pretende indemnizar a los letrados y procuradores por la prestación del servicio.

En la actual regulación, el servicio se califica como remunerado o retribuido, lo que había dado lugar a dudas interpretativas sobre sus efectos fiscales que desaparecerán como consecuencia de esta proposición normativa. Las administraciones públicas competentes seguirán financiando con cargo a sus dotaciones presupuestarias la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y de Procuradores como hasta ahora.

La norma en tramitación tendrá efecto desde el 1 de enero de este año, con lo que la suspensión ahora acordada por Hacienda implica que los profesionales no tendrán que realizar declaración del IVA del primer trimestre en lo que a asistencia jurídica se refiere."

Enlaces a la noticia de la página web de La Moncloa, y a la nota de prensa del Ministerio de Justicia:

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