Carlos Lesmes compareció ayer día 15 en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para informar del estado, funcionamiento y actividad del órgano de gobierno de los jueces y de los Juzgados y Tribunales.
Entre los temas tratados, ha tenido mención especial la VIOLENCIA DE GÉNERO, subrayando que los datos sobre el número de víctimas ?siguen poniendo de manifiesto, con toda crudeza, que todavía es mucho el esfuerzo que debemos hacer para erradicar esta lacra?. También ha enumerado las propuestas que desde el Observatorio se han hecho llegar al Congreso para mejorar la lucha contra la violencia de género en el ámbito de la Administración de Justicia, como la supresión de la dispensa de la obligación de declarar cuando las víctimas sean denunciantes o estén personadas en la causa como acusación particular, la ampliación del concepto de violencia de género ?lo que permitiría incluir conductas como los matrimonios forzosos, la mutilación genital o el acoso sexual- y la revisión del Código Penal en lo relativo a la regulación de ciertas atenuantes y a la pena de privación de la patria potestad para los condenados por homicidio o asesinato, lesiones graves o violencia habitual.
Además, y en cuanto a las actuaciones dirigidas a los SECTORES MÁS VULNERABLES de la sociedad, el CGPJ ha seguido trabajando en 2016 para mejorar la respuesta de las instituciones en los casos de desahucio de familias necesitadas de especial protección, y ha aprobado la difusión entre los jueces de una guía de buenas prácticas procesales en la tramitación de los juicios por delito leve de usurpación de vivienda, con recomendaciones sobre cómo actuar cuando la entidad perjudicada no es un particular ?sino, por ejemplo, una entidad financiera- y los denunciados conviven con menores, personas mayores, incapacitados o enfermos, encontrándose en riesgo de exclusión social.
El presidente del TS y del CGPJ también ha dado cuenta del plan de urgencia con el que se pretende dar respuesta a la previsible entrada masiva de asuntos en los Juzgados como consecuencia de los últimos pronunciamientos judiciales en materia de cláusulas suelo.
En relación con la PANORÁMICA DE LA JUSTICIA, el Presidente ha facilitado a los diputados los últimos datos disponibles sobre el estado, funcionamiento y actividad de los Juzgados y Tribunales, actualizados a 31 de diciembre de 2016. El año pasado entraron en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de reforma del Código Penal; y la Ley 41/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales; que han tenido un enorme impacto en la estadística judicial, por lo que Lesmes ha pedido cautela a la hora de evaluar las cifras.
La Ley 41/2015 también estableció que las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de diligencias previas, plazo que se ampliará a dieciocho meses ?prorrogables- cuando el instructor, a instancia del Ministerio Fiscal, declare la instrucción compleja: el número de asuntos declarados en todo 2016 fueron 62.922.
En el tema de la TASA DE LITIGIOSIDAD -que en 2016 fue de 124,9 asuntos por cada mil habitantes, un 29,5 % menos que el año anterior- ?sigue siendo elevada si la comparamos con la de los países de nuestro entorno, y aunque nuestros jueces son capaces, a nivel global, de resolver más asuntos de los que ingresan, siguen existiendo en buena parte de nuestros Juzgados y Tribunales situaciones de colapso difícilmente sostenibles, así como deficiencias organizativas que aún no han sido abordadas y que impiden incrementar de manera significativa nuestros niveles de eficacia?.
Resaltó también las REFORMAS ESTRUCTURALES PENDIENTES, abogando por el diseño de una nueva organización territorial de la Justicia que supere la actual atomización de las demarcaciones judiciales y apueste por un nuevo modelo organizativo basado en la concentración territorial y la colegiación de órganos judiciales. En este sentido, anunció que el Consejo está diseñando un Plan de redimensionamiento y optimización de la Planta judicial y de redistribución de la carga de trabajo, elaborado con el Servicio de Inspección y con los Tribunales Superiores de Justicia, y ha confiado en que sirva de apoyo ?en la toma de decisiones por parte de las Administraciones competentes?.
(En la imagen, la Presidenta del Congreso, Ana Pastor; el Presidente del CGPJ, Carlos Lesmes; y los Vicepresidentes 1º y 2º de la Comisión de Justicia del Congreso).
Nota informativa completa en el siguiente enlace:
