Fuente: Comunicación Poder Judicial
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido hoy al presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, nuevo magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que ocupará la plaza -correspondiente al turno de especialistas- convocada por el nombramiento como miembro del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido Tourón.
El nuevo magistrado de la Sala Segunda se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ejerció la abogacía antes de ingresar por oposición en la Carrera Judicial en 1986. Tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Yecla, para servir posteriormente en el Juzgado de Distrito número 20 de Madrid, el Juzgado de Primera Instancia número 52 de Madrid, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Móstoles y el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid.
En 2007 se incorporó como magistrado a la Audiencia Provincial de Madrid, de la que en 2014 fue elegido presidente, cargo que ocupa en la actualidad.
En la imagen Eduardo de Porres con el decano Gabriel Mª de Diego durante la visita realizada a la sede del ICPM en marzo del pasado año.
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Fuente: Comunicación Poder Judicial
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha nombrado hoy a Susana Polo García nueva magistrada de la Sala Segunda (Penal) del Tribunal Supremo, en la que ocupará la plaza -correspondiente al turno de especialistas- convocada como consecuencia del nombramiento para otro cargo del magistrado Julián Sánchez Melgar y cuya convocatoria fue anunciada con anterioridad al reingreso de dicho magistrado al Tribunal Supremo. La magistrada Susana Polo quedará adscrita a la Sala Segunda y se le adjudicará la primera vacante de titular que se produzca.
La nueva magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo ingresó en la carrera judicial en 1985, siendo sus primeros destinos judiciales los juzgados de distrito de San Sebastián de los Reyes (Madrid), 20 de Barcelona, 1 de Fuenlabrada (Madrid) y 30 de la capital de España.
Ascendió a magistrada en 1988, trasladándose al juzgado de primera instancia e instrucción 6 de Alicante y posteriormente, en 1990, al juzgado de instrucción 4 de Madrid.
Desde 1997 y hasta el año 2013, Susana Polo desarrolló su labor jurisdiccional en la Audiencia Provincial de Madrid, primero en la Sección Segunda y posteriormente como presidenta de la sección 26 de la mencionada Audiencia.
En abril de 2013 fue nombrada, por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, puesto en el que continúa en la actualidad.
Especialista en violencia de género, es desde mayo de 2010 la coordinadora nacional de las actividades de especialización en materia de violencia de género de los jueces/zas y magistrados/as que obtienen destino en juzgados y Salas especializados en la materia.
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Fuente: Comunicación Poder Judicial
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido hoy a Carmen Lamela Díaz nueva magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que ocupará la plaza -correspondiente al turno de especialistas- convocada por el fallecimiento del miembro de la Sala, mientras ejercía como fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín.
La nueva magistrada de la Sala Segunda ingresó en la Carrera Judicial, por oposición, en 1986 y en 1991 se incorporó como magistrada a la Audiencia Provincial de Barcelona y dos años más tarde se convirtió en titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, donde permaneció hasta 1997, fecha en la que obtuvo destino en la Audiencia Provincial de Madrid.
En 2014 fue destinada en comisión de servicio a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde un año después ocupó el Juzgado Central de Instrucción número 3 tras la declaración en la situación de servicios especiales de su titular. En noviembre de 2017 se le adjudicó en propiedad ese Juzgado.
Carmen Lamela fue durante dos años, entre 2009 y 2011, asesora de la Unidad de Apoyo de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, etapa en la que participó en el desarrollo del expediente judicial electrónico y en la elaboración de distintas leyes, como la Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal; o la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la creación de los Tribunales de Instancia.
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En el BOE nº 178 con fecha de hoy, se publica la Orden PCI/783/2018, de 23 de julio, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales para el año 2018, que se regirá por lo dispuesto en la convocatoria (facilitamos enlace a la misma) y, dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las normas deontológicas y profesionales y en particular la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por universidades o escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas.
Esta convocatoria no contiene limitación alguna en el número de plazas y está publicada en el BOE así como en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es) apartado Trámites y gestiones personales-Acceso a la profesión de Procurador de los Tribunales de España, así como en la página web del Consejo General de Procuradores de España.
La prueba de evaluación de la aptitud profesional se efectuará de conformidad con lo establecido en dicha Orden de convocatoria y será única e idéntica para todo el territorio español. El plazo de presentación de solicitudes de participación en la evaluación será de VEINTE DÍAS NATURALES, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Fuente: ABC, Madrid
Los Juzgados de Plaza de Castilla convivirán, durante el próximo mes de agosto, con las obras programadas por la Comunidad de Madrid para modernizar sus instalaciones mediante una obra integral. La intervención, para la que la consejería de Justicia ha destinado 3,3 millones de euros, se enmarca en los planes regionales para modernizar el complejo judicial, adaptándolo a las nuevas necesidades de la Administración de Justicia y poniendo el foco en eliminar sus barreras arquitectónicas.
Las actuaciones en el interior del edificio, que pueden tener más incidencia para la actividad judicial, se realizarán en el mes de agosto. Las obras de exterior, que no afectan a la actividad judicial, se llevarán a cabo entre septiembre y noviembre.
«El edificio tiene 40 años y fue diseñado con el concepto de edificio judicial de finales de los años 70. Por eso es necesaria la reforma que vamos a impulsar, que tiene dos ejes claros: mejorar la accesibilidad, eliminando barreras arquitectónicas; y garantizar una mayor seguridad y comodidad para las personas que, cada día, trabajan o tienen que hacer algún trámite en los juzgados», explica a ABC, la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola.
En la imagen, la recreación del nuevo aspecto exterior que tendrán los juzgados tras las obras.
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