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10/09/2018
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Fuente: Comunicación Poder Judicial y Fical.es
El Tribunal Supremo ha sido en el día de hoy el escenario del solemne acto de apertura del Año Judicial, presidido por Su Majestad el Rey.

En el mismo han intervenido la fiscal general del Estado, María José Segarra, que ha presentado los datos de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2017, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

A la ceremonia han asistido entre otras autoridades, el vicepresidente y los magistrados del Tribunal Supremo, así como los fiscales, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia de dicho órgano; los vocales del CGPJ; la ministra de Justicia, Dolores Delgado; el presidente del Tribunal Constitucional; los presidentes de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Militar Central, así los fiscales superiores de las Comunidades Autónomas y representantes de las asociaciones judiciales. En representación de la procura madrileña ha asistido nuestro decano, Gabriel Mª de Diego.

Destacamos y nos unimos al sentimiento expresado por la fiscal general del Estado en su intervención en recuerdo de José Manuel Maza Martín ?insigne jurista que pronto se ganó la confianza de los componentes de la Institución y de la sociedad en su conjunto, por su carácter abierto, que no estaba reñido con el debido rigor jurídico y con una profunda cultura que compartía con generosidad. Sirvan estas palabras, por tanto, como sentido homenaje a quien tanto hizo por la Justicia y por todos los ciudadanos, hasta los últimos días de su fructífera vida.?

A continuación María José Segarra ha facilitado algunos datos estadísticos del año 2017, continuado el descenso en la incoación del procedimiento penal más común. El total de diligencias previas incoadas fue de casi 1.600.000 (1.590.492), lo que supone alrededor de un 11 % menos (11,26 %) en relación con la notable disminución ya producida en el año 2016 tras la reforma del art. 284 LECrim. Los tiempos de respuesta entre la incoación y la acusación, o entre la acusación y el primer señalamiento para juicio oral -396 y 524 días, respectivamente, en el procedimiento abreviado-, no han mejorado sustancialmente con respecto a los años precedentes.

Ha destacado que ?España tiene un sistema judicial fuerte, sólido al servicio del Estado de Derecho y un Ministerio Fiscal que actúa con absoluta autonomía y solamente al servicio del principio de legalidad? y enviando un ?mensaje de respeto a todos los profesionales de la Justicia, en general, y a los Fiscales en particular que, de una u otra forma ejercen la difícil labor de ofrecer una adecuada respuesta ante la grave situación generada en Cataluña?. Para finalizar con ?este proyecto tiene que estar, necesariamente, abierto a los ciudadanos, a quienes debemos ofrecer una respuesta especializada dirigida sobre todo a la protección de los más desfavorecidos, como muestra tangible de la defensa activa del interés social?.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, coincidiendo con el cuadragésimo aniversario de la Constitución, ha resaltado en su discurso la impronta del texto constitucional como fundamento de convivencia y libertad, ?sobre todo cuando de forma interesada se devalúa su valor normativo, cuando se confronta sin rubor principio democrático con Estado de Derecho o cuando se intenta erosionar la legitimidad del poder judicial mediante acciones que exceden con mucho la libertad de expresión o el derecho de defensa?.

En su intervención también se ha referido a la ?grave incertidumbre? que recientes decisiones judiciales de otros Estados de la UE han generado al interpretar de forma unilateral conceptos jurídicos autónomos del denominado espacio europeo de libertad, seguridad y justicia

Para terminar Lesmes ha dicho que la Constitución arbitra un modelo de convivencia, pero que la clave de su eficacia reside ?en la capacidad de generar la ?adhesión emocional? de una mayoría de ciudadanos? y, ha solicitado un esfuerzo común ?para que la sociedad encuentre motivos de adhesión? a la Constitución y para explicar su ?formidable legado?, sin renunciar a su reforma ?si así lo reclamara el pueblo español, depositario de la soberanía?.

Finalizado el turno de intervenciones, el Rey declaró abierto el Año Judicial 2018/2019 y levantó la sesión.

(Imagen de www.casareal.es)

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07/09/2018
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Fuente: Comunicación Poder Judicial
El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Porres, presentó ayer la Memoria Anual 2017 del que es el órgano colegiado más numeroso de España, en atención al número de magistrados que lo componen.

En el encuentro con los medios de comunicación Eduardo de Porres ha aprovechado la reunión para despedirse tras su reciente nombramiento como magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo, ha comentado que ha sido un privilegio haber podido dedicar estos últimos cuatro años y medio de su vida profesional a servir a sus compañeros y a gestionar la dirección de este ?prestigioso tribunal?, y ha hecho balance de su gestión, entre la que ha destacado el aumento de plantilla, la política de refuerzos, la unificación de criterios, la respuesta ante los juicios de especial complejidad, las experiencias piloto en mediación, los informes semestrales de gestión y la unificación de las sedes de los órganos colegiados de civil y penal en una manzana judicial, que se ha convertido en una pequeña ciudad de la justicia.

En líneas generales, y tras destacar la enorme capacidad de trabajo de los magistrados y de todos los letrados y funcionarios de la Audiencia Provincial, el presidente De Porres ha señalado que durante estos últimos cinco años las secciones penales han recibido una media de 32.000 asuntos, muchos de ellos de enorme complejidad y relevancia.

También apuntó las principales necesidades de la Audiencia Provincial: creación de nueve plazas de magistrados en las secciones generalistas civiles para que todas estén compuestas por cinco magistrados; incremento de tres nuevas plazas en la secciones de familia para conseguir la creación de tres secciones compuestas de cinco magistrados; incremento de una plaza permanente en la sección de Mercantil para hacer frente a la avalancha de las reclamaciones financieras; la creación de quince nuevas plazas de magistrado para que todas las secciones tengan seis magistrados y la creación de un gabinete psico-social permanente para la atención de las secciones penales y las de familia.

(En la imagen Eduardo de Porres en la sede del ICPM durante la visita institucional realizada el pasado año).

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07/09/2018
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En la sede de los juzgados de Pozuelo de Alarcón situados en Vía Dos Castillas nº 33, Edificio Ática III, se van a realizar obras de modernización en sus instalaciones por parte de la Comunidad de Madrid, Consejería de Justicia, siendo necesario el traslado temporal del SALÓN DE PROCURADORES, de la planta tercera a la PLANTA BAJA durante la próxima semana (días 13 y 14).

Asimismo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 se trasladará de la planta tercera a la segunda.
06/09/2018
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Fuente: Ministerio de Justicia, Gabinete de Comunicación y Europa Press
La ministra de Justicia Dolores Delgado, presidió ayer el acto de toma de posesión de varios cargos que completan el organigrama del Ministerio de Justicia. Concretamente, la abogada general del Estado, Consuelo Castro; la directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, Sofía Duarte; el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido; y el director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez.

Entre ellos también el nuevo secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo (en la imagen) que ocupaba el cargo de juez decano de Madrid hasta su nuevo nombramiento, y al que agradecemos su colaboración con el Colegio de Procuradores de Madrid durante todo ese tiempo.

Nuestra enhorabuena y mejores deseos en sus nuevos cargos desde los cuales continuarán trabajando por conseguir una mejor Administración de Justicia para todos, ciudadanos y profesionales.

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05/09/2018
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Fuente: Cinco Días
A falta de menos de un mes para que concluyera el plazo (en octubre de este año), se ha incluido, a través del Real Decreto-ley 11/2018 (aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, pero no publicado hasta ayer en el Boletín Oficial del Estado), una disposición final en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común. Dicho precepto determina que "las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de octubre de 2020".

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