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11/01/2019
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Recibidas las cantidades pendientes por parte de la Comunidad de Madrid correspondientes al pago del mes de noviembre de 2018, se procederá a su abono a los colegiados a la mayor brevedad.
09/01/2019
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El objetivo del curso es dar a conocer al alumno el procedimiento de ejecución, mediante un estudio práctico de las herramientas que las leyes procesales conceden para acelerar el proceso, para el embargo de bienes, su aseguramiento y para su realización en vía de apremio.

El fracaso en la ejecución de las sentencias constituye un problema de nuestro sistema judicial por la insatisfacción que genera a los justiciables que han obtenido una resolución favorable. Las leyes procesales establecen los mecanismos para que la ejecución resulte efectiva, pero su inaplicación hace que resulte fallida.

- FECHAS: 16 y 23 de enero, de 16.30 a 20.30 h. Sala de actos del ICPM, plta. sótano
- Precio colegiados: 60? (IVA incluido)
- Precio no colegiados: 85? (IVA incluido)
- Transferencia Bancaria: c/c Bco. Popular: ES24/0075/0322/8106/0030/4863
- Inscripción: centrodeformacion@icpm.es

PROGRAMA
- Miércoles 16 de enero
16:30-17:30 h. El sistema de ejecución español: Eficacia y economía. Gabriel M. ª de Diego Quevedo, decano del ICPM.
17:30-18:30 h. El proceso de ejecución. Estudio práctico de los tipos de ejecución y procedimiento. Juan Manuel Ávila de Encio, letrado de la Administración de Justicia, Juzgado Primera Instancia 16 de Madrid
18:30-19:30 h. Vía de apremio. Ignacio Argos Linares, tesorero del ICPM .
19:30-20:30 h. Los actos de comunicación: la celeridad en el proceso. Pedro Vila Rodríguez, procurador.

- Miércoles 23 de enero
16:30-17:30 h. Oposición a la ejecución: Motivos de forma y de fondo. Alejandro Asensio Muñoz, letrado de la Administración de Justicia, Juzgado Primera Instancia 47 de Madrid.
17:30-18:30 h. Realización de bienes: Subastas BOE. Leonor Guillén Casado, procuradora.
18:30-19:30 h. Actos posteriores a la subasta hasta posesión. Natalia Hermoso Mena, letrada de la Administración de Justicia, Juzgado de Primera Instancia 31 de Madrid.
19:30-20:30 h. Subasta por entidad especializada. Alberto García Barrenechea, vocal de la Junta del ICPM

(El centro de formación del ICPM certificará 8 horas de formación).
02/01/2019
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Informamos del acuerdo recibido del Patronato de la Fundación Mutualidad de Procuradores dando cuenta de la aprobación por unanimidad de la designación como vocal a nuestro decano, Gabriel Mª de Diego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 de su Estatuto.

Gabriel Mª de Diego adelantó la noticia en la última reunión de la Junta General Ordinaria celebrada el pasado día 20 de diciembre, y manifestó asimismo su compromiso para impulsar desde la Fundación Mutualidad diversas medidas y fondos de ayuda, becas, etc. en beneficio de los colegiados de toda España.
02/01/2019
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Fuente: Ministerio de Justicia, Gabinete de Comunicación
- El plazo de prescripción de los delitos más graves contra menores no empezará a contar hasta que la víctima cumpla 30 años.

El Consejo de Ministros aprobó el 28 de diciembre, a propuesta de los ministerios de Justicia; Sanidad, Consumo y Bienestar Social; e Interior, el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

El anteproyecto, que modifica 11 leyes, establece un concepto de violencia muy amplio que abarca, toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidos las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el simple descuido o el trato negligente. Se castiga todo tipo de violencia sea cual sea su forma de comisión, incluida la realizada por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

Derivado de su carácter integral, la norma plantea la elaboración de la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia e incorpora medidas de concienciación, prevención, detección, e intervención en diferentes áreas, entre las que destacan el ámbito sanitario, educativo, judicial, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las nuevas tecnologías, entre otros.

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02/01/2019
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La Comunidad de Madrid va a invertir más de 4,4 millones de euros en 2019 para garantizar el funcionamiento de los 158 juzgados de paz repartidos por la región, según avanzó el día 31 de diciembre la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola.

El Gobierno regional va a destinar un total de 285.000 euros a los ayuntamientos de los municipios con juzgado de paz para financiar los gastos de funcionamiento de estos órganos judiciales. A esta cantidad hay que sumar más de 4,1 millones de euros en gastos de personal, ya que el Ejecutivo es el responsable de la plantilla de los 47 juzgados de paz ubicados en los municipios de mayor tamaño. En total, 116 personas entre tramitadores, gestores y auxilios judiciales. El resto de juzgados de paz cuenta con personal a través de los ayuntamientos, quienes en todos los casos aportan las instalaciones y los medios instrumentales de este tipo de juzgados.

Los juzgados de paz son órganos judiciales unipersonales que están atendidos por personas que no pertenecen a la carrera judicial y que se ubican en los municipios en los que no existe juzgado de primera instancia e instrucción, asumiendo determinadas competencias en el orden civil.

Asimismo, ofrecen servicio en materia de cooperación judicial, al facilitar la comunicación de los demás órganos judiciales con los ciudadanos de los municipios en los que el juzgado de paz tiene su sede.

Los jueces de paz son elegidos por los ayuntamientos entre las personas que lo solicitan y que reúnen las condiciones legales exigidas. Su nombramiento corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por un periodo de cuatro años.

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