Fuente: BOE 23 de febrero, núm. 46
Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
Las disposiciones finales segunda y tercera extienden el plazo de determinadas medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda. En particular, se amplía HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 la suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables.
Fuente: BOE
El BOE publica hoy el Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2022.
El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 33,33 euros/día o 1.000 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por meses.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE y surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, procediendo, en consecuencia, el abono del salario mínimo en el mismo establecido con efectos del 1 de enero de 2022.
En el marco de los contactos que mantenemos regularmente con la Comunidad de Madrid, en el día de ayer tuvo lugar un encuentro online desde la sede del Colegio, con la directora Gral. de Justicia, Alejandra Alonso, y la subdirectora Gral. de Régimen Económico, Jehiel Navajas. Por parte del ICPM participaron los vocales de la Junta, Carmen Giménez Cardona; Antonio Sánchez-Jáuregui (presidente de la Comisión de Justicia Gratuita y Turno de Oficio); y el tesorero, Ignacio Argos.
Entre los temas tratados y de interés para la procura madrileña, destacamos la situación de las sedes judiciales y, respecto a la Justicia Gratuita y Turno de Oficio, la reivindicación del incremento de las tarifas de los módulos, así como la regulación de los pagos pendientes. Por parte de las representantes de la CM se nos aseguró que se está ya trabajando para agilizar y actualizar los pagos pendientes.
En la tarde de ayer tuvo lugar la celebración de la solemne ceremonia de jura de un nuevo compañero procurador que, una vez cumplimentados los requisitos de colegiación, se incorpora como ejerciente. Una vez abierto el acto, el padrino designado al efecto, presentó a Álvaro Ríos Pino, que juró/prometió el cargo de procurador.
El decano Gabriel M.ª de Diego dirigió unas palabras para ofrecer todo el apoyo de la Junta de Gobierno, recordando la importancia de apoyarse en los compañeros, así como en la experiencia y profesionalidad del padrino. En esta ocasión, el vocal Noel de Dorremochea fue el encargado de dirigir también unas palabras de bienvenida, animando a participar en las comisiones y servicios del Colegio, y destacando la formación continua.
En la imagen de izda. a dcha. y en primera fila, Carmen Giménez Cardona, el nuevo compañero procurador Álvaro Ríos Pino Beltrán, Gabriel M.ª de Diego, José Enrique Ríos Fernández (padrino) y Noel de Dorremochea; en segunda fila, Antonio Sánchez-Jáuregui e Ignacio Melchor.
Fuente: Comunicación Comunidad de Madrid
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado hoy el visto bueno a una inversión de 46 millones de euros para garantizar en 2022 la asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos de la región, lo que supone un incremento del 7% con respecto al año anterior.
Este presupuesto se articula a través de dos subvenciones directas. La primera, de manera conjunta -por un importe de 40,4 millones de euros-, está destinada a los ilustres colegios de Abogados de Madrid (ICAM) y de Alcalá de Henares (ICAAH). La segunda, que cuenta con un montante de 5,6 millones de euros, va dirigida al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM).
Estas ayudas se destinan a la retribución de las actuaciones profesionales del turno de oficio, asistencia letrada al detenido, tramitación de expedientes de solicitud de asistencia jurídica al detenido y gratuita, así como a los costes que estos servicios generan para los colegios profesionales.
Los pagos se realizan a través de los Consejos Generales correspondientes, como entidades colaboradoras.
