- Responsables del CGPJ, el Ministerio de Justicia, y la Comunidad de Madrid, reconocen avances y retos pendientes en la digitalización de la Justicia.
En la tarde de ayer, tuvo lugar la celebración de la II Jornada de Debate que contó con las intervenciones de representantes del ICAM y del ICPM, así como de destacadas autoridades: Aitor Cubo, director General de Transformación Digital de la Administración de Justicia; Luis Martín Contreras, vocal del CGPJ y presidente del Comité Técnico Estatal de la Adm. Judicial Electrónica; Alejandra Alonso Bernal, directora General de RR. HH. y Relaciones con la Adm. de Justicia de la Comunidad de Madrid; y Sebastián Lastra, secretario de Gobierno del TSJ de Madrid.
La jornada, celebrada en la sede del ICAM, permitió poner en común los principales fallos del sistema desde la experiencia cotidiana de los profesionales y exigir una respuesta coordinada y urgente a las administraciones públicas, y contó con numerosa asistencia de profesionales, tanto de forma presencial como conectados a la retransmisión en directo.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, abrió la jornada y reivindicó la unidad entre Abogacía y Procura frente a los retos que plantea la transformación digital del sistema judicial. "Cuando el sistema falla, fallamos todos. Abogados, procuradores y, sobre todo, la ciudadanía", señaló.
Desde el ICPM, la vicedecana, M.ª del Carmen Giménez, y el vocal y presidente de la Comisión de JG y TO, Antonio Sánchez-Jáuregui, coincidieron en señalar que la implantación del expediente judicial electrónico está generando importantes disfunciones técnicas y jurídicas que afectan de forma directa al trabajo cotidiano de los profesionales y al acceso efectivo de la ciudadanía a la Justicia.
Giménez Cardona advirtió de los problemas derivados del uso actual del apoderamiento electrónico, que puede inducir a error y obstaculizar el ejercicio de facultades procesales esenciales, así como de las limitaciones de acceso a grabaciones judiciales a través de la plataforma Horus. También cuestionó la validez del índice electrónico en su configuración actual, la confusión normativa que lo rodea y las consecuencias desproporcionadas que pueden derivarse de simples defectos de forma en los escritos, como el formato del archivo.
Por su parte, Sánchez-Jáuregui, denunció que la digitalización está convirtiendo la tramitación diaria en una "gincana" para los profesionales del turno de oficio, al exigirles requisitos técnicos como el uso de formatos PDF/A u OCR incluso en documentos de escasa calidad o difícil escaneo. Subrayó la contradicción entre estas exigencias y la realidad de muchos juzgados, que continúan remitiendo documentación sin clasificar, en papel o en formatos poco operativos, lo que genera inseguridad y dificulta el seguimiento procesal.
Para finalizar, ambos reclamaron una mayor colaboración con los Colegios Profesionales, y pidieron que no se traslade a procuradores y abogados el peso de las carencias estructurales de las oficinas judiciales.
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